El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña con 44 votos a favor, ninguno en contra y un senador ausente, y horas después la Fiscalía ordenó su detención domiciliaria. El vicepresidente Pedro Alliana ya juró como presidente y completará el mandato hasta agosto de 2028.
Este sábado por la mañana, Peña ya entró a la Fiscalía General del Estado en Asunción para prestar su primera declaración, acompañado de su abogado defensor, el doctor Ricardo Preda. La Fiscalía investiga presunta lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, y el fiscal Christian Benítez dijo que podría ser imputado formalmente en el transcurso de la tarde.
Peña cayó en un solo día: por la mañana el Senado le había negado la prórroga de 72 horas que pedía para preparar su defensa, al mediodía no compareció ante el pleno, y por la noche ya estaba destituido y detenido en su casa. Es el segundo presidente paraguayo destituido por juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, después de Fernando Lugo en 2012.
La votación que lo sacó del poder
El Senado, constituido en tribunal, declaró culpable al presidente Peña de mal desempeño en sus funciones con el voto de los 44 senadores presentes. El único ausente fue el senador Enrique Riera, del Partido Colorado y exministro del Interior, que había renunciado a su cargo en medio de la crisis.
«Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho de su cargo de presidente de la República del Paraguay», proclamó el presidente del Senado, Basilio «Bachi» Núñez, al cierre de la sesión.
El proceso fue exprés: duró apenas dos días. El jueves, la Cámara de Diputados había aprobado la acusación por unanimidad, con 78 votos, horas después de que Peña anunciara su renuncia en un video que el Congreso nunca llegó a votar por falta de quórum. Este viernes, el Senado rechazó primero la prórroga de 72 horas por 39 votos contra 3, le dio dos plazos extraordinarios para comparecer y, como no se presentó, cerró la etapa de descargos con 41 votos y dio por admitida la acusación. Después admitió por 41 votos todas las pruebas de los diputados acusadores, hizo un cuarto intermedio de 45 minutos, escuchó a los fiscales acusadores y a la defensa técnica, y votó la sentencia.
Peña no se presentó físicamente en el Congreso en ningún momento del proceso. Sus abogados defensores, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, ejercieron solo la defensa técnica. En medio de la jornada, su principal asesor político, José Alberto Alderete, presentó su renuncia al cargo.
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Detenido en su casa horas después
Minutos después del fallo del Senado, la Fiscalía ordenó la detención de Peña por presunta lesión de confianza, en el marco de la causa penal por el colapso de Ueno Bank. La orden, la Nota N.º 97 del equipo especial anticorrupción, dispuso que guardara detención en su domicilio hasta quedar a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La Policía Nacional llegó a su vivienda en Asunción, donde Peña permitió el ingreso voluntario y se puso a disposición. La Fiscalía General confirmó a la agencia AP que el expresidente había quedado detenido allí.
Peña no pasó la noche en su casa: cerca de la medianoche fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, después de que los equipos de seguridad evaluaran que no podían garantizar el resguardo de su vivienda ante la presencia de manifestantes en el barrio Mburucuyá de Asunción. La comparecencia, fijada en principio para este sábado en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se cambió horas antes a la sede de la Fiscalía General del Estado por razones de seguridad. Peña entró por una puerta lateral, sin esposas, según imágenes difundidas por medios locales.
La orden la firmaron los fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vester, de la unidad anticorrupción, junto con Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos.
La destitución no constituye una condena penal, pero al perder el cargo Peña también pierde los fueros que lo protegían: ya no podrá ocupar la senaduría vitalicia que la Constitución reserva a los expresidentes elegidos democráticamente, y queda expuesto a la justicia ordinaria como cualquier ciudadano.
Carvallo también tiene orden de detención
La misma orden de la Fiscalía alcanzó a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, que dirigió la entidad hasta el martes pasado. Carvallo deberá guardar detención en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional. Carvallo también está citado a declarar este sábado y permanece detenido.
Carvallo había presidido Ueno hasta agosto de 2023 y fue Peña quien lo puso al frente del Banco Central, el organismo que aprobó la conversión de Ueno en banco en noviembre de 2023.
Pedro Alliana ya juró como presidente
El vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento este viernes ante el Congreso Nacional como nuevo presidente de Paraguay. Completará el periodo que expira en agosto de 2028.
Alliana, de 52 años y veterano del conservador Partido Colorado, fue gobernador del departamento de Ñeembucú y presidente de la Cámara de Diputados. El senador Antonio Barrios asumirá la Vicepresidencia, según reportó el medio paraguayo 5Días.
El jueves, la Cámara de Diputados había archivado una iniciativa de la oposición para someter al propio Alliana a juicio político, con 48 votos en contra y 30 a favor, lo que lo dejó habilitado para la sucesión. Alliana anticipó que una de las prioridades de su gestión será permanecer en el país y reducir los viajes al exterior.
El caso Ueno, en dos líneas
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar que su capital había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. Cerca de tres millones de clientes quedaron sin acceso a su dinero y unos US$800 millones en depósitos públicos, incluidos fondos de pensiones del Instituto de Previsión Social, quedaron bloqueados.
La acusación contra Peña comprendió cinco capítulos: conflictos de intereses por sus vínculos accionarios con Ueno Holding, intervención irregular en los mecanismos de control financiero, uso cuestionado de los fondos previsionales, posibles beneficios patrimoniales y afectación de la confianza en el sistema bancario.